La agresión al futbolista Salvador Cabañas mostró la corrupción en el gobierno del DF, la impericia de su Procuraduría de Justicia, la posible injerencia del narco y el desmedido protagonismo mediático del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón.

 

Saltó la corrupción porque el BAR-BAR, sitio del atentado, operaba a las 5:14, mucho después del horario del cierre; hacía 5 años no lo inspeccionaban las autoridades; el agresor y su escolta entraron armados; hasta 2 horas después se permitió el acceso a los judiciales, borradas ya las evidencias del delito y sin culpar a nadie de ello, y un empleado del antro arrojó el casquillo de la bala agresora afuera de la oficina del MP 3 días más tarde.

 

Se evidenció que los antros pagan entre 15 y 20 mil pesos por cerrar tarde y de 200 a 500 mil por no clausurarlos. El gobierno citadino reveló que no hay registro de todos los antros que funcionan en el DF; pero se habla de miles.

 

La PGJDF dio todo tipo de facilidades a los dueños del BAR-BAR, los hermanos Simón y Ramón Charaf Medina, que rindieron declaración sobre la agresión 4 días después,  el viernes 28.

 

 Además la Asamblea Legislativa del DF negó la petición panista de hacer comparecer al delegado en Álvaro Obregón (ubicación el BAR-BAR) Eduardo Santillán para que informara de la situación legal de lugar. Los perredistas arguyeron que pedirían a los 16 delegados informes sobre la situación de tales centros de reunión.

 

La PGJDF anunció que el 13 de enero detuvo a Eduardo García Alanís, al que señaló como escolta del agresor, por robo de tarjetas de crédito y lo turnó a la PGR por portar armas prohibidas, y que ésta lo dejó en libertad. La PGR la desmintió de inmediato, y se comprobó que aquél está preso en el Reclusorio Sur del DF desde el 15 de enero.

 

Dio a conocer también un domicilio de José Jorge Balderas García, “el JJ”, presunto agresor; pero resultó falso y los vecinos dijeron no conocerlo.

Estas pifias de la PGJDF se sumaron a las de la indagación del caso New’s  Divine y de los secuestros y asesinatos de Fernando Martí y Antonio Equíhua, que no aclaró, o del asesinato de la señora Cevallos Coppel, en el que intervinieron jefes policíacos, a quienes protegió al máximo.

 

La injerencia del narcotráfico se advirtió en el manipuleo informativa desde el inicio; en que los agresores eran clientes frecuentes del BAR-BAR y fueron recibidos afuera de éste como reyes; se les condonaron 16 mil pesos de cuenta; protegieron su fuga, y se reveló que “el JJ” transportaba cocaína para Edgar Valdés Villarreal “La Barbie” del cártel de los Beltrán Leyva.

 

Por lo demás el antro es conocido como muy buen conecte para droga y mujeres.

Esto contradice usuales afirmaciones de Ebrard de que los narcos ni viven ni operan en el DF; por eso ha impedido la acción del Ejército y fuerzas federales para combatir el crimen organizado, mientras el narcomenudeo crece exponencialmente.

Eso sí el jefe de gobierno aprovechó para expedir, con bombo y platillo, el miércoles 27 una ley para acelerar la inspección de antros, y prometer que sería inflexible con ellos, pese a que la Oficialía Mayor contaba sólo con 3 verificadores, que en dos días pasaron a 218 con credencial datada el jueves 28.

 

El atentado a Cabañas lo aprovechó Ebrard para reforzar su proyecto político de precandidato presidencial, pese a que su gobierno es más de ficción publicitaria y populista, que de resultados concretos para los capitalinos.

 

Por otro lado, al cumplirse un año de la desaparición de 74 de los 126 niños y niñas del albergue Casitas del Sur, sus familiares exigieron este 29 de enero a la PGJDF les informara sobre su paradero, y ante su ineficacia pidieron la intervención de la PGR y del FBI para que se capture a los responsables y encuentren a los menores.

 

Se teme sean víctimas de la delincuencia organizada con adopciones ilegales, tráfico de infantes y de órganos y explotación sexual, y no descartan esté inmiscuida la secta Iglesia Cristiana Restaurada, cuyos líderes gozan de posición económica y protección para entrar y salir del país.

 

Mayra y Ardelia Martínez, madre y abuela de Ilse Michel, pidieron a la PGJDF se la entreguen, pues la juez 16 de lo Familiar Gloria Santos se la arrebató con legaloides trucos en junio de 2005 y la puso en custodia de la PGJDF, que no sabe su paradero. Ya pidieron auxilio a organismos internacionales y a la ONU ante el silencio oficial.

Otro dolor de cabeza para el aspirante a Los Pinos, fue que el juez federal Jesús Alfredo Silva otorgó la suspensión definitiva a una empresa canadiense para el contrato por 18 mil millones para fabricación y renta de 30 trenes para la Línea 12 del Metro, que Marcelo otorgó directamente, sin licitarlo a un consorcio español. Así no podrá inaugurar la línea en abril de 2011, para apuntalar su ambición presidencial.

El tropezón es doble: frena la obra más importante del sexenio de Ebrard y le retiene un suculento ingreso de recursos para su campaña, por el otorgamiento directo del contrato, sin sujetarlo al concurso ordenado por la ley, mismo beneficio que recibirá de la construcción de esa línea, con costo de l7,583 millones.

 

El manejo fuera de la ley de dos grandes proyectos por casi 36 mil millones, muestra que el afán constructivo de este prospecto presidencial del PRD persigue llenarse los bolsillos de dinero. “Entre más obras, más cobras”, decían viejos políticos, que no se daban baños de pureza ni de transparencia.

 

Para colmo de infortunios que pueden frenar la candidatura presidencial de Ebrard está el desprestigio que añadió a su partido, el PRD hasta ahora, “El Chunko” Ariel Gómez León, locutor chiapaneco y diputado federal perredista, quien calificó a los haitianos “negros abusivos” en su programa de radio del martes 26, indignado por el descuento de un día de sueldo en favor de ese país, acordado por la Cámara Baja.