El jacobinismo propio de la izquierda radical se manifestó hace unos días por boca del diputado de la Asamblea Legislativa Víctor Hugo Romo. Al acusar al Cardenal Ernesto Corripio Ahumada de tener un hijo y de estar detrás de la oposición al matrimonio de los homosexuales, más que manifestar su ignorancia, le ganó su animadversión a la Iglesia y a su doctrina, así como a sus ministros. Luego quiso corregir en una supuesta presentación de disculpas, pero terminó metiendo más la pata. Ahí exhibió el perfil típico del perredismo citadino, aunque existan excepciones.

 

Pero las agresiones no son de hoy ni sólo al Cardenal Corripio. Han sido también, y ya de manera sistemática, hacia el Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, quien con todo su derecho e, incluso, en cumplimiento de su deber, ha alzado la voz para oponerse a los matrimonios de homosexuales en concordancia con la doctrina Cristiana y sus raíces hebreas, que tienen en los casos de Sodoma y Gomorra el mejor ejemplo del repudio a unas costumbres contrarias al orden natural y, por lo mismo, a la moral.

Si existe un tema de competencia específica de un sacerdote y un obispo, es el de la moral. De allí que la enseñanza y planteamientos hechos por el Cardenal Rivera son lo que le es propio, lo que debe hacer y lo que esperamos sus hijos (es decir sus fieles, diputado Romo). Por ello aplaudimos que con valor y firmeza haya alzado la voz como se le ha pedido, a tiempo y a destiempo, para exponer la verdad.

Y contra lo que se pudiera pensar, no se trata solamente de una verdad religiosa, pues el matrimonio y la familia proceden de más antiguo, aunque es tal su trascendencia y valor, que en el cristianismo no sólo se le estima por el bien que hace a la sociedad y a la humanidad, sino que se le vive como sacramento. Pero la Iglesia no obliga a los no creyentes –sería inapropiado por todo lo que ello implicaría- a recibir el sacramento, esto es algo reservado para sus fieles (no para quienes traicionan sus enseñanzas). Sin embargo, reconoce y aprecia la legitimidad y trascendencia de los matrimonios no creyentes y su valor para la ciudad, por eso siempre ha defendido a la familia como institución.

El valor de la familia es tal, que la Declaración de los Derechos Humanos establece el derecho de todos los hombres a fundar una, y no se refiere, precisamente, al ayuntamiento de hombre con hombre o mujer con mujer como célula básica de la sociedad, pues su esterilidad es intrínseca y su trascendencia social nula.

La ONU y quienes se han sumado a  la defensa auténtica de los derechos humanos, aprecian lo establecido en el artículo 16 de la Declaración Universal: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. No se trata ni de un documento religioso ni de una expresión derechista o retardataria.

Lo aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa no llega, siquiera, a caricatura de lo que la familia es, pues carece de sus elementos naturales y sus propósitos sociales: ser célula expansiva de la sociedad mediante la concepción, crianza y educación de la prole, futuros ciudadanos miembros de la sociedad y del Estado. Se ha cometido una aberración jurídica, independientemente del voto mayoritario de quienes aprobaron la reforma, pues contradice la letra y el espíritu de esa Declaración Universal, que muchos juristas consideran que es, ya, un documento vinculatorio para los estados firmantes, y México es uno de ellos. Los perredistas muestran, finalmente, su ignorancia en materia de derechos humanos.

La familia como elemento natural no es creación ni de las personas, las cuales en todo caso la conforman de manera libre y voluntaria, ni del Estado, aunque mediante la ley puede protegerla a través de la ley impidiendo, entre otras cosas, que sea manipulada, deformada y degradada en su naturaleza, en sus fines y en sus funciones. Esto es algo que no han hecho los asambleístas que aprobaron las reformas al Código Civil en una acción innecesaria después de haber creado las llamadas “sociedades de convivencia”.

Como hombre, como mexicano y como católico, me siento agredido por la acción de la Asamblea Legislativa. Asimismo, como fiel de la Iglesia e hijo espiritual de los cardenales Ernesto Corripio Ahumada y Norberto Rivera Carrera, rechazo la ofensa del diputado Víctor Hugo Romo, la de los perredistas que se le han sumado y los tinterillos que también exhiben su ignorancia alegando supuestas violaciones a la laicidad, que se ve claro que tampoco entienden.