Que los gobernadores del PRI y PRD se unieran a Godoy para exigir a la PGR que no realice más operativos antes de la elección del 5 de julio, indica que todos temen les descubra fallas similares que hagan perder a sus candidatos y partidos.

Por eso no extrañó que la líder del PRI, Beatriz Paredes, rehuyera debatir con el del PAN, Germán Martínez, y se valiera del IFE (que asumió el papel de juez, cuando el suyo es organizar y arbitrar los comicios) para ocultar su miedo a que el panista revelara datos que implicaran a mandatarios y políticos priístas.

Beatriz iba a atacar al PAN por la crisis económica y el dizque mal manejo de la influenza por el gobierno, pese a que la crisis vino de fuera (no como tantas que provocaron los gobiernos priístas) y que organismos internacionales reconocieron el acierto con que México combatió la epidemia.

Así la publicidad electoral que ella buscaba, se le habría revertido al PRI.

Que la PGR no realice aún una averiguación formal contra Leonel, no implica que sean falsos los datos que constan en actas, y el enojo de los jerarcas del PRD es sólo cortina de humo para desviar la atención de algo que indudablemente les costará fuerte pérdida de votos.

Todo ello indica que mienten los partidos y Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, al decir que el narco no financia las campañas de los candidatos actuales. Una afirmación del todo temeraria.    

Echa asímismo por tierra la pretensión de Alejandro Martí de que los candidatos se comprometan ante notario a aprobar y cumplir leyes contra la inseguridad pública, pues cuántos serán ya financiados por el narco, aparte de que obedecen las consignas de sus partidos y caudillos, como lo demostró López Obrador al imponer un candidato en Iztapalapa y hacerlo jurar que renunciará, si gana.

Si Martí deseara en serio reducir los delitos, empezaría por exigirle renunciar al jefe de gobierno del DF, pues hace 12 meses fue de los primeros en aceptar la idea del propio Alejandro “si no cumplen, que renuncien”, y la Procuraduría del DF aún no aclara el asesinato de Fernando Martí, a más de un año de consumado.   

El procurador Miguel Angel Mancera acaba de declarar que la indagación lleva 80% de adelanto, y se ha pasado todo un año con puras promesas, igual que con lo del New’s Divine, por cuyos 12 adolescentes muertos no han sancionado a los culpables.

Por eso el 20 de junio (al año) padres y amigos de los muertos realizaron una marcha del Angel de la Independencia al Zócalo y reclamaron a Marcelo Ebrard “no burlarse de la justicia”, pues dejó impunes al ex jefe de la policía Joel Ortega, al ex procurador Rodolfo Félix Cárdenas y a los policías que mataron con golpes en la cabeza a 12 jóvenes e hirieron a otros.

Mancera pidió apenas a la PGR analice si no se manipularon los videos del New’s Divine, a un año. No recurrió a otros organismos –incluso internacionales- para poder inmiscuir a aquélla en este clarísimo caso de impunidad, pues de 43 detenidos sólo consignaron a Guillermo Zayas, quien coordinó el operativo por orden de la Secretaria de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del DF.

Empero, Ortega Cuevas y Félix Cárdenas, ex titulares de estas dependencias que idearon tales operativos, están libres, como se dijo, y Zayas González, que no es el responsable principal, está amparado.

De un año a la fecha Ebrard prometió una nueva policía investigadora y otra especializada en secuestros, que no se han formado. Y acaba de afirmar que no quedará impune ningún delincuente en el DF, cuando la estadística dice que sólo se captura al 43% y se sanciona al 3%.  

La semana pasada ofreció asímismo que abatirán los delitos, al instalar miles de cámaras de video.

Por otro lado, ¿qué gana el país con partidos y candidatos a gobernadores, alcaldes y diputados federales y locales que se comprometan a cumplir su papel ante notario –si alcanza el tiempo de aquí al 5 de julio- si las noticias diarias dicen que hay gobernadores, ediles,  funcionarios estatales, legisladores, jueces, jefes policíacos y policías comprometidos con el narcotráfico?

Más parece, pues, un show mediático el de Alejandro Martí y que éste ya desistió de que se esclarezcan el secuestro y asesinato de su hijo.  

Por si fuera poco, el martes 2 de junio mataron a tiros en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras, por ajuste de cuentas, a un narcomenudista que ya había estado preso tres veces y se amparó en la autonomía de la UNAM.

Ni modo que el PRI y el PRD culpen de esto al PAN, pues el primero manejó a su antojo por décadas a la UNAM, y de los 90 a la fecha el segundo la penetró, si no que lo desmientan el Mosh, el Diablo y demás líderes del CGH que cerraron casi un año la Máxima Casa de Estudios.

Con declaraciones no se remediará el gran problema del país de que las mafias financien a gobernadores y candidatos, a costa de los mexicanos.

Ante los hechos, ni PRD ni PRI  tienen cara de exigir su voto a los ciudadanos, para seguir resolviendo las carencias de México del brazo de los cárteles.